“El bolsillo no aguanta más”.
SCNOTICIAS.- Durante los últimos meses, los dominicanos han tenido que enfrentar una realidad cada vez más difícil: llenar el tanque cuesta más, producir cuesta más y llegar a fin de mes cuesta más.
En enero de 2026, la gasolina premium se vendía a RD$290.10 por galón y la regular a RD$272.50. Para la semana del 19 al 25 de septiembre, esos precios llegaron a RD$350.10 y RD$315.50, respectivamente. Es decir, en ese período la premium acumula un aumento de RD$60 por galón, mientras la regular ha subido RD$43.
Y este viernes llegó otro golpe: RD$9 adicionales a la gasolina premium y RD$5 a la regular.
El Gobierno argumenta que está absorbiendo una parte importante del impacto internacional mediante subsidios. Solo para esta semana destinó RD$1,985.7 millones y aseguró que durante 2026 ya ha ejecutado más de RD$33,807 millones para contener las alzas.
Nadie puede ignorar el contexto internacional. La guerra en Medio Oriente, las alteraciones en el mercado energético y las dificultades relacionadas con el estrecho de Ormuz han encarecido los productos refinados. De hecho, el propio Gobierno reconoce que el comportamiento de los derivados ha sido mucho más agresivo que el del petróleo crudo.
Pero precisamente por eso hay preguntas que deben responderse.
¿Qué ocurre cuando los precios internacionales bajan? ¿Con qué rapidez se refleja esa reducción en el mercado dominicano? ¿Cuánto corresponde realmente al petróleo, cuánto a los derivados, cuánto al transporte, cuánto a los impuestos y cuánto a los demás componentes de la fórmula?
El propio Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes explica que el precio de los combustibles se determina semanalmente mediante una fórmula que incorpora, entre otros elementos, el precio internacional de referencia, fletes, costos de importación, márgenes, impuestos y la tasa de cambio.
Entonces la ciudadanía tiene derecho a conocer esa fórmula de manera sencilla, transparente y verificable.
No basta con decir que existe una “formulita”. El consumidor merece saber cómo se calcula lo que paga cada semana y por qué una variación internacional determinada termina representándose en tantos pesos en el galón.
Porque existe una percepción que se ha instalado en la calle: cuando los combustibles suben, el aumento llega rápidamente; cuando bajan, la reducción parece mucho más lenta y limitada.
Esa percepción debe ser explicada con números, no con discursos.
Y aquí aparece otro problema: el combustible no afecta únicamente al conductor que visita una estación de gasolina. Afecta prácticamente toda la economía. El transporte, la distribución de alimentos, la producción, los servicios y el comercio sienten el impacto de cada aumento.
Por eso también es válido preguntar si el esquema de subsidios actual es el más eficiente. El Estado ha destinado decenas de miles de millones de pesos para amortiguar el impacto de los combustibles y, paralelamente, mantiene mecanismos dirigidos a determinados sectores del transporte.
¿Hasta cuándo puede sostenerse ese modelo? ¿Quién termina pagando la factura? ¿Cuánto de ese esfuerzo fiscal llega realmente al ciudadano común?
Y mientras discutimos el precio de los combustibles, hay otra preocupación que crece en los hogares: las facturas eléctricas.
Aquí también debemos ser precisos. Las distribuidoras han aclarado que actualmente no se trata de un aumento general de la tarifa eléctrica, sino de incrementos en el consumo especialmente por las altas temperaturas y de cambios de rango que pueden elevar considerablemente el monto facturado.
Pero para una familia que recibe una factura más alta, la diferencia entre “subió la tarifa” y “subió el consumo” no cambia una realidad: hay que sacar más dinero del bolsillo para pagarla.
Y ese bolsillo tiene un límite.
La clase trabajadora, los pequeños comerciantes y, especialmente, una clase media que no siempre califica para los programas sociales pero tampoco tiene capacidad económica para absorber indefinidamente estos aumentos, necesitan respuestas.
El debate no debería reducirse a si el Gobierno subsidia RD$1,000 millones, RD$2,000 millones o RD$30,000 millones. La discusión de fondo debe ser cuánto cuesta esta política, quién se beneficia, cuánto tiempo puede mantenerse y cuál es el mecanismo para que las reducciones internacionales también lleguen de manera transparente al consumidor.
El Estado tiene la obligación de proteger a la población ante choques externos, pero también tiene la responsabilidad de explicar con absoluta claridad cómo administra cada peso destinado a mitigar esos golpes.
Porque al final, el ciudadano no llena el tanque con estadísticas ni paga la electricidad con explicaciones.
La paga con su salario.
Y cuando cada semana todo cuesta un poco más, llega un momento en que el problema deja de ser cuánto cuesta el galón de gasolina y pasa a ser una pregunta mucho más profunda:
¿Hasta dónde puede aguantar el bolsillo del dominicano?
