Sacan a periodistas acreditados del Palacio Nacional
Santo Domingo. – La decisión de retirar del Palacio Nacional a periodistas acreditados para cubrir las actividades oficiales vuelve a generar cuestionamientos sobre el acceso de la prensa a la casa de gobierno y sobre las condiciones en que los comunicadores pueden ejercer su labor periodística.
Varios reporteros se encontraban dentro de las instalaciones del Palacio Nacional a la espera de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y de las declaraciones que ofrecerían las autoridades al concluir el encuentro, cuando miembros de la seguridad presidencial les comunicaron que debían abandonar el lugar.
Los periodistas fueron acompañados por los agentes hasta la garita de salida y se les informó que tampoco tendrían acceso a las declaraciones finales sobre los resultados de la reunión. Como alternativa, se les indicó que la Dirección de Prensa de la Presidencia estaría suministrando posteriormente la información correspondiente.
El episodio resulta particularmente preocupante porque no se trataba de personas intentando ingresar sin autorización, sino de periodistas acreditados que se encontraban en la sede del Poder Ejecutivo para cumplir con una cobertura de interés público. La acreditación, precisamente, debería garantizar que los profesionales de la comunicación puedan desarrollar su trabajo dentro de las áreas y bajo las condiciones previamente establecidas.
No es la primera vez que se producen situaciones de este tipo. En otras ocasiones, comunicadores han denunciado restricciones dentro del Palacio Nacional, incluyendo impedimentos para acceder a determinados espacios o dificultades para realizar entrevistas y coberturas de actividades oficiales. Estas acciones han provocado críticas de periodistas que consideran que el acceso a la información no debe depender de decisiones circunstanciales de los equipos de seguridad.
Uno de los episodios que también permanece en la memoria de los comunicadores fue el retiro de los muebles del lobby principal del Palacio Nacional, una medida que generó cuestionamientos porque ese espacio era utilizado habitualmente por periodistas para esperar las actividades oficiales, trabajar y mantenerse atentos a los funcionarios que circulaban por la sede gubernamental. Para muchos comunicadores, aquello fue interpretado como una manera de hacer menos cómodo su trabajo.
La seguridad del presidente y de las instalaciones oficiales es, naturalmente, una responsabilidad que nadie cuestiona. Sin embargo, la seguridad no puede convertirse en una explicación automática para limitar el trabajo de la prensa, especialmente cuando existen periodistas debidamente identificados y acreditados. Si existe alguna restricción específica por razones de seguridad, lo razonable es que sea comunicada con claridad, de manera transparente y bajo criterios previamente establecidos.
Además, resulta cuestionable que la prensa tenga que enterarse posteriormente, mediante comunicados o publicaciones oficiales, de decisiones tomadas en reuniones de alto interés nacional cuando precisamente su función es estar presente, preguntar y obtener las declaraciones directamente de los responsables.
El caso adquiere todavía mayor importancia porque el encuentro correspondía al Consejo Nacional de la Magistratura, órgano encargado de participar en procesos fundamentales para la escogencia de jueces de las altas cortes. En asuntos de esta naturaleza, la sociedad tiene derecho a recibir información amplia, oportuna y transparente, y la prensa cumple un papel esencial como intermediaria entre las instituciones y los ciudadanos.
Más que un problema de sillas, puertas o espacios físicos, lo que está en discusión es la relación entre el poder y la prensa. Un gobierno que apuesta por la transparencia debería procurar que sus periodistas tengan las mayores facilidades posibles para informar, no que cada cobertura termine dependiendo del criterio particular de los equipos de seguridad.
Las autoridades deberían explicar las razones concretas por las que fueron retirados los periodistas y establecer reglas claras para evitar que situaciones similares continúen repitiéndose. El Palacio Nacional es la sede del Poder Ejecutivo, pero no debe convertirse en un espacio donde la prensa tenga que pedir permiso para hacer su trabajo. La seguridad presidencial merece respeto; el derecho de la ciudadanía a estar informada, también.
