“El ministro de Defensa no puede ser juez y parte”
#Opinión.- El actual ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, era comandante general del Ejército cuando se firmaron, en 2022, contratos para adquirir municiones que posteriormente fueron identificadas en poder de bandas criminales haitianas.
Por eso, resulta cuestionable que el Ministerio de Defensa anuncie una investigación sobre hechos ocurridos durante el período en que Fernández Onofre dirigía el Ejército.
No estamos afirmando que el ministro tenga responsabilidad en el presunto desvío, pero no puede ser juez y parte. Una investigación de esta magnitud debe ser independiente y estar libre de cualquier conflicto de intereses.
El informe S/2026/714 del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, publicado el 8 de septiembre de 2026, documenta la presencia de municiones de origen dominicano en poder de bandas como 400 Mawozo y otros grupos criminales que operan en Haití.
Los investigadores identificaron cartuchos marcados con las siglas «ERD», correspondientes al Ejército de República Dominicana, cuyas características coincidían con municiones fabricadas por la Industria Militar de Colombia (Indumil).
Tras una solicitud de Naciones Unidas, las autoridades colombianas confirmaron que las municiones correspondían a contratos firmados en 2022 con el Ejército dominicano y el Ministerio de Defensa.
El informe también recoge el desvío de 908,001 unidades de municiones de las reservas de la Policía Nacional dominicana. Son hallazgos que obligan a investigar cómo estos recursos terminaron fuera del control de las instituciones responsables de custodiarlos.
Lo ocurrido es sumamente grave. Que municiones adquiridas para la seguridad nacional terminen en manos de organizaciones criminales haitianas plantea interrogantes sobre los controles militares y policiales, así como sobre las posibles responsabilidades de quienes debían garantizar su custodia.
El presidente Luis Abinader debe asumir su responsabilidad y disponer una comisión independiente que determine cómo ocurrió el desvío, quiénes lo permitieron y qué funcionarios deben responder por estos hechos.
No se trata de señalar culpables antes de concluir las investigaciones, sino de garantizar que nadie investigue su propia gestión y que ningún rango militar o político sirva de escudo frente a la verdad.
Cuando la seguridad nacional está en juego, la transparencia no puede quedar en manos de quienes forman parte de la cadena de mando bajo escrutinio.
El país necesita respuestas, responsabilidades y garantías de que esto no volverá a ocurrir. El ministro de Defensa no puede ser juez y parte.
