Tránsito: Populismo y Realidad
Por: Sandy Cuevas
En la República Dominicana, la crisis del tránsito para nadie es un secreto que se ha convertido en un problema crónico, que cada año cobra miles de vidas y deja secuelas irreparables en las familias afectadas. Sin embargo, las autoridades parecen más interesadas en medidas cosméticas y anuncios grandilocuentes que en soluciones reales y efectivas.
Luego de la presión ejercida por el senador y transportista Antonio Marte, quien denunció que si se hicieran pruebas de drogas a los choferes del transporte público “no quedaría uno en las paradas”, el Gobierno reaccionó con operativos sorpresa de antidoping. Sin embargo, estas acciones han sido recibidas con escepticismo tanto por los propios conductores como por la ciudadanía, que las ve como otra respuesta improvisada ante un problema estructural.
Para muchos trabajadores del volante, esta medida no reducirá significativamente la alarmante tasa de accidentes en el país. Y tienen razón en su escepticismo. Según el primer informe del INTRANT, solo 17 conductores dieron positivo a las pruebas de drogas realizadas en varias paradas del Gran Santo Domingo. Una cifra baja considerando la magnitud del problema y que no ataca la raíz del desorden vial, donde también influyen la falta de fiscalización, el irrespeto a las normas de tránsito y la corrupción dentro del propio sistema de transporte.
Las estadísticas son aterradoras. Según datos del Sistema de Emergencias 911, el país registra aproximadamente 78 mil accidentes de tránsito al año, lo que equivale al 11% de todas las asistencias gestionadas. A pesar de estas cifras alarmantes, las soluciones siguen siendo fragmentadas y reactivas. No se ha establecido un plan integral de seguridad vial, las fiscalizaciones son esporádicas y los controles sobre el transporte público prácticamente inexistentes.
Mientras tanto, las calles y avenidas continúan en un estado de caos. Semáforos dañados, ausencia de pasos peatonales seguros, conductores que manejan bajo efectos del alcohol o las drogas sin temor a sanciones reales, y un parque vehicular cada vez más desordenado, reflejan la ineficacia de las autoridades. Todo esto en un país donde el transporte público es un servicio esencial para la mayoría de la población, pero que opera como si estuviera fuera del control del Estado.
La realidad es que necesitamos un liderazgo con verdadera voluntad de cambio, que implemente políticas serias y basadas en estudios técnicos, no medidas populistas de corto plazo diseñadas para calmar la presión mediática. La improvisación y el oportunismo político solo perpetúan el problema, mientras miles de familias dominicanas siguen sufriendo las consecuencias de un sistema vial que parece diseñado para el desastre.
La pregunta es: ¿hasta cuándo?
